OAXACA, México (ADN Sureste / ACPress.net) Desde hace más de un año más de 50 familias evangélicas viven en condiciones de pobreza y marginación tras ser desplazados de forma violenta de su comunidad San Juan Yatzona Villa Alta (sureste de México). Además, ahora la burocracia y la negligencia de funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) está evitando que la situación sea reestablecida.
Ya son sólo 12 las familias que persisten en su empeño de lograr una indemnización por parte de su pueblo, en donde se que quedaron sus animales, casas y cultivos. Se tienen que enfrentar al olvido de las autoridades, que no han actuado en este caso desde que sucedieron los hechos.
De acuerdo a los pobladores que hoy habitan en una colonia de Santa Cruz Xoxocotlán, acudieron ante la autoridad municipal hace ya dos meses, donde se les prometió apoyo para conseguir recursos que la CDI suele destinar a los desplazados.
DOCUMENTACIÓN PERDIDA
Señalan que confiaban en que recibieran apoyo por esa instancia federal, por lo que cumplieron con todos los requisitos en tiempo y forma para poder ser beneficiarios. Sin embargo, al acudir el pasado 27 para saber en qué punto se encontraba la tramitación, se les dijo que esos documentos no llegaron en ningún momento.
Los afectados se lamentan ahora que debido al “error garrafal de esta gente que traspapeló o tiro quizás nuestros documentos, hemos quedado fuera del apoyo porque ya se cerró la convocatoria y tenemos que esperar para el otro año si es que queremos la ayuda”.
Actualmente estas personas han tratado de sobrevivir con la venta de productos agrícolas y viven en condiciones precarias pese a existir una recomendación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO), a la que las autoridades han hecho caso omiso.
EXPULSADOS DESPUÉS DE PERDER DERECHOS
En el 2007, las autoridades municipales prohibieron a estas familias evangélicas el servicio de molino, así como comprar productos en diversos establecimientos comerciales ubicados en la misma población. También se les prohibió hacer y recibir llamadas en la caseta telefónica, obligándoles a no mantener comunicación con los demás vecinos.
Finalmente, las autoridades les obligaron a abandonar sus propiedades y los amenazaron de muerte si decidían regresar a la población. Desde entonces se encuentran fuera de su población de origen, dejando ahí sus propiedades, casas, familiares y demás enseres.
Tal situación se refuerza con las manifestaciones realizadas por la autoridad municipal de San Juan Yatzona, quienes aceptaron los hechos narrados, y aún cuando se pretendió justificarlos aduciendo que fueron realizados por los habitantes de la misma comunidad, se advierte que ellos como representantes políticos del municipio, toleraron los mismos, refiriendo que tal circunstancia fue en cumplimiento a varios acuerdos de la asamblea comunitaria.
Entonces, la CDDHO confirmó la convicción suficiente para afirmar la existencia de una grave intolerancia religiosa hacia los feligreses de la religión evangélica pentecostés en la citada comunidad, por parte de sus conciudadanos y de integrantes de la autoridad municipal, quienes lejos de propiciar la convivencia armónica entre sus habitantes, no sólo toleraron sino secundaron la violación de los derechos humanos de los agraviados, hasta el extremo de desplazarlos de su lugar de origen, con todas las consecuencias que tal situación acarrea. Sin embargo, hasta el momento dicha recomendación no ha sido tomada en cuenta por las autoridades de esa localidad.
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