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| Pablo Simarro, asesor legal del Consejo Evangélico de Cataluña. |
Es un dato paradójico que la suspensión para la concesión de licencias para abrir centros de culto afecta en concreto al polígono de Torremirona, que era la zona que había sido reservada para tal fin en el municipio.
La líder de la oposición, Iolanda Pineda (PSC) y el portavoz de Independents per Salt (IPS), Ferran Burch, afirmaron que el derecho a la libertad religiosa necesita que los ayuntamientos garanticen la posibilidad de que las comunidades cuenten con lugares de culto.
ESCRITO DEL CEC
El Consejo Evangélico de Cataluña (CEC) ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Salt (Girona) en el que reclama la retirada del acuerdo tomado este miércoles.
En su escrito, reenviado a los medios de comunicación por el asesor del CEC, el letrado leridano Pablo Simarro, el consejo denuncia que la resolución aprobada con los votos de CiU, PP y dos de los tres ediles de PxC supone una "vulneración flagrante del derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto".
Además, según el Consejo Evangélico de Cataluña (CEC), el acuerdo municipal es contrario a la Constitución, a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y a las leyes ordinarias que regulan los derechos ciudadanos para implantar lugares de culto.
El CEC señala asimismo que si se aplica el nuevo acuerdo municipal será imposible abrir nuevos centros de culto en el término municipal de Salt, ya que el Ayuntamiento limitó en el pasado las condiciones de apertura de templos religiosos dentro del casco urbano, "y ahora lo niega también en el polígono industrial".
Por todo ello, el Consejo pide al consistorio que no aplique o que suspenda el acuerdo del pleno "para que no sea necesario emprender acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Salt por vulneración del derecho de las personas", finaliza el escrito.
PERJUDICADOS DIRECTOS
Con la aprobación de esta resolución, la comunidad evangélica Holy Ghost Fellowship Internacional, establecida en Girona, no podrá construir el templo que proyecta en Salt, ya que su proyecto es bastante reciente y todavía no dispone de la necesaria licencia municipal.
De hecho, la resolución no permitiría abrir ningún otro centro de culto en el polígono, excepto el de las entidades musulmanas Al Hilal y Magrebins per la Pau, que obtuvieron el mes de marzo pasado un certificado de compatibilidad urbanística con una vigencia de seis meses, por lo que tienen hasta finales del mes de setiembre para presentar su proyecto. Si no lo logran, con la actual ley ya no podrán hacerlo al menos en el año próximo.
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