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| Palacio de la Gobierno autónomo (Generalitat) de Cataluña. |
BARCELONA, España (El Pais, Aportació Protestant / Protestante Digital) El proyecto de centros de culto aprobado anteayer lunes por el Gobierno (Generalitat) de Cataluña elimina la obligación de reservar suelo para uso religioso impuesta en el 2009 por el tripartito. Los Ayuntamientos tendrán que decidir si modifican sus planes urbanísticos en función de las demandas religiosas de sus vecinos.
Musulmanes y evangélicos creen que la medida limita su derecho a la libertad religiosa al dejar la apertura de nuevos centros "al capricho" de los Consistorios. La oposición cargó también contra la reforma y acusó al Gobierno de "pasar la patata caliente de los centros de culto" a los municipios, según la diputada de la Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) Anna Simó.
El proyecto introduce la necesidad de tener en cuenta el "arraigo" de cada religión y precisa que los nuevos locales deben "respetar las características arquitectónicas, culturales, de tradición, históricas y artísticas" de su entorno.
Guillem Correa, secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Cataluña (CEC) expresa en un artículo que “corremos el peligro de que Cataluña acabe transformándose, religiosamente hablando, en la Cuba de Europa donde los cristianos no pueden abrir nuevos templos y donde los que están abiertos corren el permanente peligro de que los cierren”.
En su opinión “los Ayuntamientos que quieren impedir la apertura de nuevos centros de culto dictan ordenanzas municipales de imposible cumplimiento y después aplican su 'legalidad' vigente. Y los tribunales de justicia nos han demostrado que tenemos razón”.
Sin embargo, recuerda que “en Cuba también se prohíbe el establecimiento de nuevas Iglesias Evangélicas aplicando su legislación vigente. Lo han intentado pero no han podido. No han podido detener el crecimiento de la Iglesia. ¿Qué solución han encontrado los evangélicos cubanos? Las Casas-Templo".
SIN CONSULTAR CON EXPERTOS
El Gobierno catalán ha prescindido del Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa, que creó el pasado mes de abril, para abordar la reforma de la ley de centros de culto. El consejo es un órgano consultivo impulsado por Artur Mas cuya misión es asesorar al Ejecutivo en materia religiosa. Aun así, el Gobierno no ha consultado al consejo cómo debía abordar el proyecto de legislatura más importante en materia religiosa.
El Ejecutivo no solo ha prescindido de sus asesores para abordar la reforma legal: ni siquiera les ha informado de los principales cambios que introduce la ley, confirmaron a este diario miembros de ese organismo. El consejo está formado por 11 expertos: tres filósofos, tres teólogos, una jurista, una socióloga, un politólogo, una islamóloga y un historiador. "Nos hemos enterado de los cambios por los diarios", explicó uno de ellos.
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