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| Ana Botella, teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. |
Estuvieron presentes por parte municipal la teniente alcalde Ana Botella, junto con su asesor Antonio Guindos y Jesús Mora (Gerente del Organismo Autónomo Agencia de Gestión de Licencias de Actividades). Por parte de los evangélicos estaban Manuel Cerezo y Pedro Tarquis (secretario ejecutivo y responsable de Comunicación del Consejo Evangélico de Madrid, CEM , respectivamente), junto con Enrique Montenegro, representante de la Plataforma de pastores que impulsó la manifestación del pasado 9 de mayo en Cibeles, precisamente por la situación de los lugares de culto en Madrid (y presidente de Comima, Coordinadora de Ministros de Culto de Madrid). Les acompañaba como técnico asesor el arquitecto Miguel Zumárraga.
PROPUESTAS Y CONCLUSIONES
En el encuentro, de dos horas largas de duración, se abordó la situación existente. El Consejo Evangélico de Madrid (CEM) entregó un expediente actualizado de lugares de culto con problemas de apertura o cierre de sus locales; y se trataron las propuestas que tras la manifestación del pasado 9 de mayo en Cibeles presentaron el CEM y la plataforma de pastores a los responsables municipales.
Como resultado de ello, se aprobaron prácticamente la totalidad de las mismas en los siguientes términos:
- Establecer un cauce oficial de diálogo permanente entre un interlocutor del Ayuntamiento y otro de las iglesias evangélicas (CEM), recayendo este papel en Antonio Guindos y Manuel Cerezo. A través de este puente abierto se tratarán los problemas que vayan surgiendo en relación con los templos evangélicos en Madrid.
- Integrar en el nuevo Plan General de Urbanismo de Madrid que está en marcha una normativa más acorde a la realidad de los edificios de uso religioso, ya que se entiende que algunos aspectos de la normativa actual son claramente inadecuados a la realidad que pretenden ordenar. Para ello, el Consejo Evangélico de Madrid (CEM) remitirá al Ayuntamiento las sugerencias prácticas que considere oportunas para incluir o modificar. Estas propuestas no sólo serán consideradas, sino que también se tratarán con los representantes evangélicos en cuanto a la valoración de las mismas.
- Esforzarse al máximo para que los plazos para las medidas y reformas que sean necesarias en los lugares de culto evangélicos sean adecuados y proporcionales.
- Que las iglesias con expedientes de solicitud de licencia en los que se les haya requerido modificaciones o subsanaciones y no haya tiempo suficiente para resolverlos, se les amplíen los plazos previa solicitud, con el fin de no llegar al extremo del precinto de la actividad.
- Para el adecuado desarrollo de los puntos anteriores, y además del diálogo permanente mencionado, se establece un calendario de dos reuniones anuales como la celebrada, para tratar la evolución y circunstancias que en torno a este tema se vayan produciendo.
OTROS ASPECTOS
También se abordó que uno de los principales problemas en cuanto a los templos evangélicos es el de las denuncias por ruido. En este aspecto, los representantes evangélicos asumieron la necesidad de hacer una labor pedagógica en este aspecto con los líderes y pastores.
Los representantes evangélicos valoraron estos acuerdos como un avance claramente positivo, y que suponen la base necesaria para avanzar en la normalización de la pluralidad religiosa en Madrid de todas las confesiones; aunque a la vez piensan que aún queda todo un camino por recorrer.
En este sentido –al igual que los representantes municipales- entienden que junto a la labor local del Ayuntamiento es indispensable una regulación a nivel nacional, algo que quedará en manos del Gobierno que salga elegido el próximo 20 de noviembre.
Una sugerencia de los representantes municipales fue que antes de alquilar o comprar un local para culto religioso se pida un informe al 010 (Comunicación previa de consulta urbanística), que es casi inmediato y gratuito, aunque no vinculante para la administración; y que permitiría conocer los que no son adecuados. Si el informe fuese positivo, se debería dar un segundo paso que sí es vinculante para el Ayuntamiento, que es una consulta urbanística, que cuesta unos 70 euros pero asegura que el resultado deberá ser aceptado por el Ayuntamiento.
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